Niltie Calderón Toledo*
El Istmo de Tehuantepec ha sido codiciado, históricamente, como cruce transatlántico debido a su ubicación geográfica.
Por un lado, el Istmo oaxaqueño tiene al océano pacífico y del lado veracruzano comunica al golfo, el cual provee salida al océano atlántico, esto ha sido visto como una vía para el desarrollo de diferentes rutas comerciales que tengan su nodo en esta región.
Dichos proyectos fueron puestos a cuestión desde la época de la conquista cuando Hernán Cortes buscaba en esta zona un afluente que desde el río Coatzacoalcos llegará al río Tehuantepec uniendo los dos mares, después la ruta fue evaluada nuevamente en la colonia por el Virrey Bucareli en 1788 (Lucio, 2016: 65) confirmando que dicho afluente no existía, pero reafirmando la importancia del paso.
En 1859 se firma el tratado McClain-Ocampo el cual consistía en ceder el tránsito a perpetuidad por esta zona a los Estados Unidos para realizar una ruta comercial. El artículo primero de este tratado menciona: “[…] cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, o por cualquier camino que actualmente exista o existiese en lo sucesivo.” (Montagno, 2021). Sin embargo, dicho tratado no prospero debido a las pugnas políticas tanto en México como en Estados Unidos.
Que el Istmo sea una vía de transito comercial ha sido una de las principales propuestas de diferentes gobiernos mexicanos “[…] el Proyecto Alfa-Omega de López Portillo; el ALCA de Salinas de Gortari, Megaproyecto Transístmico propuesto por Zedillo; el Plan Puebla-Panamá (PPP) de Fox; Proyecto Mesoamérica, Alianza del Pacífico con Calderón; el TTP (Tratado Transpacífico)” (Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C, 2016:9). Después con el gobierno de Enrique Peña Nieto a este proyecto se le denomino Zonas Económicas Especiales (ZEE) y fincaba su creación en una narrativa que pretendía supuestamente la transformación profunda de las condiciones de pobreza y el desarrollo económico de la región. Así lo podemos observar en su discurso durante la firma de la declaratoria de las ZEE en 2017:
“Queremos dejar de lado la política asistencialista, la que dentro de la política social sólo busca llevar un apoyo económico, que a veces sólo alivia o mitiga la condición de pobreza, pero que no la resuelve de fondo”, […] “No vamos a permitir que la historia del sur-sureste siga marcada por la pobreza, la marginación y la desigualdad. Las Zonas Económicas Especiales serán un parteaguas en el desarrollo de esta entrañable región; marcarán un antes y un después en las oportunidades de superación de las familias y de sus comunidades”[1].
Aunque el discurso hace referencia a dejar de lado lógicas asistenciales, después el mismo se vuelca hacia las narrativas de la precariedad y al hecho de que estas políticas económicas son las que sacarán a la población de la marginación y la pobreza. Sabiendo que estos proyectos no nacieron como una respuesta económica para el desarrollo del país sino para el beneficio de las empresas extranjeras y trasnacionales desde hace dos siglos; observamos que lo que sí pretenden las narrativas actuales es lograr el consenso en la población a partir de la asimilación del discurso de la precariedad por parte de los pueblos de la región para la aceptación e implementación de megaproyectos. En este sentido nos gustaría retomar el concepto de precariedad y precariedad como gubernamentalidad de Isabell Lorey para el análisis de estos discursos y proyectos.
Para Lorey:
“la precariedad, ha de entenderse como una categoría ordenadora que designa los efectos políticos, sociales y jurídicos de una condición precaria generalizada. Con precariedad se denomina el encasillado [rasterung] y el reparto de la condición precaria con arreglo a relaciones de desigualdad, a la jerarquización del «co-ser» asociada a los procesos de othering [alterificación]. Esta dimensión de lo precario comprende relaciones de dominio naturalizadas, a través de las cuales es atribuida o denegada la pertenencia a un grupo.” (2001:27).
En este sentido la asimilación del discurso de la precarización permite, además: “[…] problematizar las complejas interacciones de un instrumento de gobierno con las relaciones económicas de explotación, así como con los modos de subjetivación en sus ambivalencias entre sumisión y empoderamiento” (Ibidem, 2001:28), lo que daría cuenta de la precarización como gubernamentalidad, de ahí que la configuración de la región como marginada y los discursos sobre el desarrollo como vía para su superación sean parte de esta configuración de la precariedad para la implementación de los megaproyectos.
Cuando en los años noventa se intentó implementar el corredor interoceánico, una de las cosas que les decían a la gente, en especial a las mujeres de la región que son predominantemente comerciantes, era que ellas iban a poder subirse al tren bala a vender sus totopos y gueta binguis (tortitas de camarón), lo que no sólo era falso sino que era un discurso que mediante una narrativa conocida como, “los años dorados del ferrocarril”, que les permitió extender el comercio a Chiapas o Guatemala, pretendía instalar un imaginario de progreso que no correspondía con la real implementación de un tren de carga que sustituyera al canal de Panamá.
Finalmente, las organizaciones se opusieron en aquellos años y a partir de ahí se fortalecieron dos narrativas entre los pueblos; una que los señalaba como ignorantes y opositores al desarrollo y otra de lucha permanente que reforzaba su identidad como pueblos del Istmo. En los discursos sobre las ZEE, de Peña Nieto, lo que tenemos es la construcción de la alterificación constituida a partir del imaginario de lo marginal y su salida en los grandes proyectos desarrollistas activando, además, al interior de los pueblos, esa narrativa antidesarrollista proveniente de la oposición a los mismos lo que ha detonado diferentes identificaciones o desidentificaciones con el imaginario colonial del indígena como primitivo e ignorante.
Pero el intento de establecer una ruta comercial entre océanos no terminó con la llegada al poder de un nuevo gobierno, el proyecto del corredor interoceánico es uno de los pilares fundamentales de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador junto con el de el Tren Maya en Yucatan, agregando a este, la idea de instalar en el Istmo diez corredores industriales. No obstante, la narrativa ha cambiado y este gobierno ha sumado al genérico de pobres y marginados la narrativa de la inclusión, la cultura y los pueblos indígenas. Así lo observamos en el discurso sobre la estrategia industrial en el Istmo:
“El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano, afirmó Rafael Marín Mollinedo. Por ello, el Gobierno de México instrumentará la consulta previa, libre e informada que la ley mandata, para construir una ruta compartida para el bienestar de la región, donde se asientan chontales, huaves, mixes, zapotecas, zoques, nahuas y popolucas.”[2]
Para Alejandro Martínez Canales (2019:44) “La precarización como instrumento de gobierno, […] promueve una política pública cuyo fin es el aseguramiento mas no la resolución de situaciones sociales límite, como la desigualdad sociocultural […]” En el caso del corredor interoceánico, pensamos que la interculturalidad es utilizada como dispositivo de la precarización que permite la legitimidad para la instalación de megaproyectos. Para explicar esto retomaremos el concepto de interculturalidad funcional que Catherine Walsh problematiza de la siguiente forma:
“Aquí, la perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia-, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco “cuestiona las reglas del juego”, por eso “es perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal existente” […] En este sentido, el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, que apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo (neoliberalizado) de acumulación capitalista, ahora “incluyendo” a los grupos históricamente excluidos en su interior. (2009:3).
En este sentido el gobierno actual gestiona la precariedad como interculturalidad para el despliegue de la precarización como gubernamentalidad a partir de la realización de consultas indígenas lo que se convierte en un dispositivo que permite la implementación de megaproyectos en la región del Istmo en el sentido de la interculturalidad funcional que gestiona el conflicto. En el 2019 la Secretaria de Hacienda y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas llevaron a cabo una serie de supuestas consultas que varios organismos de derechos humanos, entre ellos la ONU[3], señalaron con irregularidades, sin embargo, la narrativa del gobierno federal denostó las declaraciones de la ONU y de diferentes organismos y pueblos del estado declarando que tenía su anuencia incluso a mano alzada.[4]
Pese a estas estrategias, los pueblos, que históricamente se han opuesto a estos proyectos en la región debido al despojo y destrucción que provocan, han utilizado diferentes instrumentos legales para resistir a los embates nacionales e internacionales. Así lo observamos con la comunidad de Puente Madera perteneciente a San Blas Atempa, para denunciar el falseamiento de un acta de asamblea que otorgaba terrenos para el corredor interoceánico:
“[…] dieron a conocer que no están de acuerdo con la manera en que se trata de manipular la autorización para la construcción de un parque industrial, pues señalaron que alrededor de 50 firmas de comuneros que habitan en la zona, fueron falsificadas, razón por el cual, también están solicitando la anulación del acta de asamblea realizada el pasado 14 de marzo.”[5]
Esta exigencia la realzan mediante el bloqueo de la carretera transístmica como estrategia para presionar a las autoridades y exigir el respeto a las decisiones comunitarias. Lo mismo ocurrió con San Mateo del Mar, pueblo que recientemente desconoció a sus autoridades mediante todos los recursos legales posibles para ello:
“Este domingo este domingo 18 de abril de 2021, el pueblo indígena y Ikoots de San Mateo del Mar, decidió revocar el mandato a todos los integrantes del Ayuntamiento con fundamento en lo que se establece en los tratados internacionales del que el Estado mexicano es parte, así como el artículo 2° apartado ¡ fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los pueblos indígenas bajo sus sistemas normativos puede nombrar a sus autoridades y resolver sus cuestiones internas en ejercicio del derecho libre determinación y autonomía […].”[6]
Autoridad que tiene fuertes intereses tanto en la implementación del corredor interoceánico como en el desarrollo de megaproyectos eólicos. Con esto se da cuenta de lo que Catherine Walsh llamaría interculturalidad crítica pero también de los procesos de resistencia a los proyectos de asimilación del estado sin importar el color de los partidos.
[1]https://www.gob.mx/zee/prensa/firma-el-presidente-enrique-pena-nieto-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-zonas-economicas-especiales-128793?idiom=es [2]https://www.gob.mx/ciit/articulos/presentacion-del-programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec-227166?idiom=es [3] Gómez M. Observación crítica de la ONU a las consultas indígenas de la 4T, La Jornada, 17 de septiembre 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/09/17/opinion/020a2pol [4] Muños A.E en improvisada consulta, aprueban proyecto transístmico de López Obrador, La Jornada, 29 de abril 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/04/29/politica/006n1pol [5]Jimenez A. Con bloqueo carretero exigen anulación de acta de asamblea. Cortamortaja, 19 de abril 2021. http://cortamortaja.com.mx/el-istmo/13357-con-bloqueo-carretero-exigen-anulacion-de-acta-de-asamblea [6] Comunicado, El pueblo Ikoots de San Mateo del Mar ha revocado el mandato a las autoridades municipales del ayuntamiento y electo a los hombres y mujeres para integrar el consejo Ikoots de administración municipal 2021-2022. 18 de abril del 2021.
*Mujer Binnizá, originaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Licenciada en Psicología (UAEH), Maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones (UAM-Xoch) y Candidata a Doctora en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Realizadora de contenido para radios comunitarias en temas sobre el pensamiento de los pueblos y defensa del territorio. Trabaja con organizaciones y comunidades en temas relacionados con mujeres y pueblos originarios, movimientos sociales y educación e investiga sobre la reparación del daño a mujeres en los casos de esterilizaciones forzadas en Perú, desplazamiento forzado en Colombia y feminicidios en México.