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Movimiento Indígena Colombiano en 2018.

De la Gaitana, Juan Tama y Quintín Lame a la Liberación de la Madre Tierra


Malely Linares Sánchez*

Fotografía: Malely Linares Sánchez

En Colombia, la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, en noviembre del 2016, desató toda una serie de expectativas diversas, para algunos de los diversos grupos y sectores de la sociedad colombiana, que parecían poder augurar, al menos, algunos cambios sociales importantes y positivos hacia el futuro inmediato. Sin embargo, y más allá de esas falsas expectativas, la larga historia de la violencia en el país continúa. Entonces, durante 2016 fueron asesinados ochenta líderes sociales[1], y cuarenta y dos más se sumaron a la lista en los primeros cuatro meses de 2017, siendo las principales víctimas de estos asesinatos, los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas, grupos que en las últimas décadas han demostrado un férreo compromiso por la defensa de la paz y de la vida.

Y aunque el Gobierno afirma que estos crímenes son hechos aislados, la situación que enfrentan realmente los movimientos sociales colombianos actuales es la de un acoso y ataque sistemático y estructural, que es producto del modelo económico neoliberal, que ha sido legalizado en el marco jurídico del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y de las acciones de los impulsores de la denominada “Locomotora Minera”, constituida por una serie de megaproyectos de corte extractivista, que han prolongado las problemáticas que dieron origen y recrudecieron el conflicto interno del último medio siglo, problemáticas que incluyen la usurpación de las tierras, los desplazamientos forzados, y la subsecuente institución de leyes de despojo, que menoscaban todos los modos de producción y reproducción de las comunidades.

No obstante y pese a este panorama desolador actualmente vigente, es interesante observar que dentro del abanico de esos diversos movimientos sociales actuales, una parte del movimiento indígena sigue enarbolando la resistencia y la lucha para reivindicar, junto a otros movimientos sociales, la necesidad de una transformación social radical construida desde el equilibrio y la armonía, y orientada en torno a los cuatro principios resumidos en la consigna de “Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía”.

Por eso, en este ensayo, queremos tratar de establecer una breve radiografía general de como se hace presente, en 2017, ese movimiento indígena colombiano, el que si bien y de acuerdo a la propia dimensión general de la población indígena en Colombia no es muy significativo en términos cuantitativos, si lo es en cambio, en mucha mayor medida, en términos cualitativos. Y ello, no solamente por el actual protagonismo creciente de los pueblos y de los movimientos indios de toda América Latina, sino también por las posturas específicas que este movimiento indio de Colombia ha asumido en el pasado reciente y cercano. Veamos esto con más detalle.


Ubicación estratégica de los indios en Colombia: entre los recursos naturales y el asedio de las transnacionales.


En un censo realizado en 2005 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se identificaron los siguientes grupos étnicos: afrocolombiano el 10,6% de la población, indígena el 3,4%, Rom (gitanos) 0,001% y sin pertenencia étnica el 86%. El total de población indígena se calcula en 1.378.884 personas, hablantes de 65 lenguas[2] y distribuidas entre 102 pueblos en todos los Departamentos del país, siendo los que incluyen los mayores porcentajes de indígenas: Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%). Entre las comunidades de indios más numerosas se encuentran los Nasa, los Senú o Zenú y los Embera[3].

En la Imagen 1, podemos ver claramente donde se ubican hoy, geográficamente, esas comunidades más densas y esas concentraciones principales de indígenas dentro del mapa general de Colombia.

Imagen 1. Distribución de la población indígena dentro del territorio de Colombia.

Gran parte de las comunidades indígenas enfrentan la posibilidad de exterminio y al menos 15 aún no han sido reconocidas por el Gobierno Nacional. En un informe en el que se compararon datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, manifiesta que existen 64 pueblos[4] en peligro de extinción étnica y cultural, pues algunos cuentan con menos de 100 habitantes, principalmente en los departamentos de la Amazonía y Orinoquía. Uno de ellos son los Nukak Makú, un pueblo nómada que vive en medio de la Amazonía entre los ríos Guaviare e Inírida, y que surgió en la escena nacional desde 1989, lo que significó una importante disminución de su población tras contraer sarampión, leishmaniasis, parásitos y paludismo, además de los daños irreparables producidos por las fumigaciones aéreas.

Desde los tiempos más remotos la ubicación geográfica de las comunidades indias fue siempre amplia y estratégica, pues ellos ya habían reconocido el enorme valor de los recursos naturales de diversas regiones, en especial de los Andes y de la Amazonía. Por ello, no es una casualidad que en el actual PND colombiano, se estipule el apoyo irrestricto a los proyectos del Banco Mundial (BM) dirigidos a la explotación de los recursos del territorio, y para ello a la cooptación de líderes indígenas, con la estrategia regional llamada “Centro – Sur Amazonía: tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental”. Y así mismo, que dentro de los 279 proyectos[5], ejecutados por el BM, exista uno denominado “Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon” que explícitamente pretende:


Mejorar la gobernabilidad y promover actividades sostenibles de uso de la tierra, con el fin de reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en la zona del proyecto. Mejorar la capacidad de las autoridades indígenas para las prácticas sostenibles de uso de la tierra y la gobernanza forestal dentro de los territorios indígenas. Apoyar la elaboración y adopción de directrices y programas en los sectores de la agricultura, las industrias extractivas y las infraestructuras, destinados a reducir las presiones sobre los bosques y la biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y la restauración de los ecosistemas[6].

También se encuentra la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIIRSA), conformada por múltiples megaproyectos que se apoya en los ríos continentales como infraestructura fluvial que une al Océano Atlántico con el Océano Pacífico, para llegar de los puertos de Buenaventura en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, a los puertos brasileños de Manaos, Belem y Macapá. Operación que garantiza en sus diez ejes de integración y desarrollo, el rápido traslado de materiales, desde los centros de producción a los centros de consumo, rebajando costos y maximizando ganancias a costa de profundos cambios negativos en el ordenamiento territorial y en la sobreexplotación de recursos. Además, la Amazonía en general, y con ella también la zona amazónica de Colombia, se constituye ahora en un lugar geoestratégico para los grandes capitales transnacionales, pues como lo refiere Renán Vega Cantor, la importancia de este territorio radica en que el Amazonas:


(…) es la selva más biodiversa de la tierra, con una extensión de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, que alberga la mayor extensión de bosques tropicales del planeta (56%), y posee una gran variedad biológica de ecosistemas, especies y recursos genéticos. Allí se encuentran un millón y medio de especies conocidas, y se estima que en total puede albergar más de diez millones de especies. Por el rio Amazonas y sus más de 7000 afluentes tributarios corren 6000 billones de metros cúbicos de agua por segundo. Adicionalmente, es la zona que más oxígeno provee (40% del oxígeno del mundo), y la que absorbe una mayor cantidad de carbono, por lo cual, y con sobrados méritos, se le denomina el “pulmón del planeta”[7].


Según datos de la Universidad Nacional, la Amazonía en Colombia tiene una población de 1.100.000 colombianos y de allí alrededor de 108.000 son indígenas, es decir el 10% de la población indígena total en el país. De los 102 pueblos indios, 62 perviven en esa región, cuyos Resguardos o tierras propias suman el 50% de la Amazonía, correspondiente a 227,389 kilómetros. No obstante, es en esa misma zona en la que 26 comunidades se encuentran en peligro de desaparecer a lo largo y ancho del territorio amazónico, que comprende 6 de los 32 departamentos: Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare, Amazonas y Vaupés.

La Amazonía es un espacio vital, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Sin embargo los intereses capitalistas, que desde los tiempos de la fiebre del caucho han practicado el despojo del Amazonas, han convertido a este espacio en un centro de aniquilación de la naturaleza, lo que con la extracción de recursos biodiversos no renovables ha generado un verdadero ecocidio, frente al cual los distintos gobiernos sudamericanos de los países que comparten zonas amazónicas siempre se han abstenido de intervenir, para detener o revertir los efectos devastadores de la irracional y voraz acción de las corporaciones capitalistas.

Imagen 2: Amazonía colombiana, tomada de: http://www.imani.unal.edu.co/index.php/la-amazonia-2

Las empresas extractivas capitalistas implementan los proyectos sin tomar en cuenta el derecho constitucional que tienen los pueblos a la consulta previa, libre e informada, convirtiéndose claramente en el primer factor de desestabilización social, económica y ambiental. También, junto a esta acción depredadora y destructiva de las corporaciones capitalistas, la ONIC considera que existen otras causas de esa desestabilización, como el narcolatifundismo, la agroindustria y el conflicto armado, con sus elementos derivados, que son la persecución política, las minas antipersonales, las agresiones sexuales, el desplazamiento, los riegos de glifosato y la falta de acceso a servicios básicos.


Y esas problemáticas se repiten en todo el territorio nacional. Al norte, los pueblos arhuacos, koguis, kankuamos[8] y wiwas, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, han sido visiblemente afectados por el paramilitarismo y por las actividades minero-energéticas; en el departamento de la Guajira, a raíz del desviamiento del rio Ranchería, murieron 154 niños por desnutrición y desatención médica en el periodo comprendido entre 2014 y 2016, según informó el Instituto Nacional de Salud. Los Embera Karanbá de Quinchía, en el departamento de Risaralda, se encuentran en latente riesgo de desplazamiento por parte de empresas multinacionales como la Anglo Gold Ashanti, la que tras la negativa de la venta de los terrenos ancestrales, ha amenazado con cerrar su única vía de acceso, poniendo de este modo en riesgo al menos a 77 familias. Y también alarman los suicidios de indígenas dentro de la comunidad Embera Katío en el departamento de Córdoba.


Para Sánchez Botero[9], los impactos tienden a ser peores en aquellos territorios y comunidades indígenas que no han logrado plena consolidación, ya sea porque el Estado no les ha legalizado sus territorios, porque son comunidades desorganizadas o recientemente conformadas o con muchas contradicciones internas como el caso del Naya en el Cauca, de los kankuamos en La Sierra y de las comunidades más vulnerables de Urabá, Chocó y Putumayo. La afirmación de la autonomía comunitaria y la resistencia frente al conflicto armado y a todas estas fuerzas desestabilizadoras ha empezado a gestarse en las regiones donde las comunidades y las organizaciones indígenas han sido más fuertes, particularmente en el Cauca y Antioquia.


Los factores anteriormente mencionados son elementos que nos muestran la existencia de una estructura que podríamos considerar de verdadera larga duración histórica, y que consiste en el persistente ataque a las comunidades indias por parte de las clases poderosas y dominantes de Colombia (lo que, por lo demás, se repite en casi toda América Latina), y en el también permanente proceso de despojo de sus territorios comunitarios y ancestrales, el que desde la época de la Conquista y la Colonia, y hasta la actual República, se mantiene y reproduce claramente bajo mil formas diversas.


Las raíces de larga duración de las resistencias indias.


Entre los siglos VI y XII existió en el Alto Magdalena una cultura precolombina, caracterizada por un alto desarrollo orfebre, agrícola, de cerámicas, y que destacó además por su zona arqueológica construida en piedra, hoy denominada San Agustín, que desapareció inesperadamente y de la cual se sugiere fue el espacio para enterrar a los muertos llegados de otros pueblos en Sudamérica. Asimismo, antes de la llegada de los españoles, habitaba la región del Cauca la cultura de Tierradentro, reconocida por sus cámaras funerarias subterráneas.

Durante la época prehispánica hubo en Colombia un gran poblamiento indígena en las zonas de la Costa Atlántica, desde la Guajira hasta el Darién, siendo el Tayrona en la Sierra Nevada, uno de los grupos con más desarrollos. Los indígenas de la parte baja del Magdalena, los Cocinas, Bocinegros, Malibúes y los de la costa del Occidente de la desembocadura hasta el golfo de Urabá, además de los Calamares, Urabaes y otros grupos, definidos por los españoles como Caribes (salvajes, antropófagos), fueron esclavizados bajo la autorización de la Reina Isabel y sometidos por Pedro de Heredia, pese a la enardecida resistencia que presentaron frente a la invasión y conquista española.

El Valle del Cauca fue también una zona altamente poblada, hasta antes de la mal llamada Conquista por indígenas Abibe, Guaca, Nori y Catíos, desde la desembocadura del Nechí hasta Popayán.

Otro lugar con gran número de habitantes era el valle del Magdalena y sus vertientes, entre los que destacan los Chiriguanos, Sondaguas, Pantagoras, Yariquíes, Pemeos, Opones, Carares, Muzos, Colimas, Panches y Pijaos, desde la región de Simití hasta Neiva. En esta región los españoles denominaron Pijaos a algunas comunidades que descendían hacia el Cauca como los Quindos, los Tunesí y los Putimá, y a los indígenas de la cordillera entre Ibagué y la zona de los Páez, pueblos como los Coyaima, Natagaima, Combeyma, Calarma.

Los Chibchas estuvieron ubicados en los actuales departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, y constituyeron grandes comunidades de tecnología agrícola que buscaban la unión de la región bajo el mandato del Zipa de Funza y el del Zaque de Tunja. Los pueblos del macizo colombiano y de la altiplanicie de los Pastos fueron los Quillacingas, los indios del Patía en la vertiente Occidental de la cordillera, los Sibundoy, en las partes altas de la vertiente Oriental y los habitantes de las zonas de Almaguer y Guachicono[10].

El sometimiento, la esclavitud, las enfermedades, y el etnocidio directo, entre otras causas, hicieron que la población se viera significativamente disminuida. Sin embargo, la resistencia permanente de estos pueblos tiene una trascendencia histórica que persiste hasta hoy en su memoria colectiva y en el proceso de su acción en general. Por eso, todavía hoy se retoma el legado de la Gaitana, también conocida como Guatepán[11], una Cacica de Timaná-Huila, que entre 1538 y 1540 se enfrentó a los conquistadores por la defensa de la tierra, oponiéndose a la invasión española. Los archivos históricos describen a la Gaitana como una caminante que recorría pueblo tras pueblo, acompañada de otras mujeres, con el propósito de convencer a los Caciques de rebelarse en contra de los tiranos, llegando a organizar un ejército de 12,000 indígenas entre Nasas, Yalcones, Pijaos y Timanaes, al lado del incondicional Cacique de Pigoanza, del que se cree era su hermano. Pudo así la Cacica dar muerte al conquistador Pedro de Añasco, quien asesinó a su hijo, Timanco, quemándolo vivo. Sin embargo, ella es traicionada por el Cacique Imando, aliado de los españoles y delator de los planes rebeldes.

Para Matallana,[12] la figura de la Gaitana obedece a la evidencia de Cacicazgos femeninos en el Alto Magdalena a la llegada de los españoles, mientras que Rappaport sugiere que los Nasa o Paeces, vecinos de los Yalcones, eran sociedades matrilineales, en las cuales las mujeres ocuparon el cargo de Cacicas hasta bien entrado el siglo dieciocho.


Juan Tama también es considerado por distintos pueblos indígenas, no sólo como una leyenda, sino como un líder político y un guía espiritual. La tradición oral narra que Tama es hijo de la estrella y la laguna. Con su lucha permanente, basada en el diálogo y valiéndose de la Ley Colonial logró que en 1635 los españoles otorgaran el reconocimiento jurídico de los territorios de cinco pueblos Nasa: Vitoncó, Jambaló, San Francisco de Caldono, Quichaya y Pitayó. Dicen que al morir regresó a la laguna, y por eso en el páramo de Moras, Resguardo Indígena de Mosoco, existe una que lleva su nombre, y que es un sitio sagrado para la purificación de los bastones de mando de la Guardia Indígena, que son los protectores del territorio.

Otro precedente representativo para la resistencia de los pueblos indígenas en Colombia fue Quintín Lame Chantre, quien durante más de 40 años encabezó las luchas de sus comunidades, las que alcanzaron su mayor periodo de auge durante los años de 1914 a 1917, tras el levantamiento conocido como “La Quintinada”, cuyo propósito fue eliminar los pagos de terrajería cobrados por los hacendados, consistentes en días trabajo para que los indígenas pudieran vivir en esos terrenos. De manera tal que empezaron a exigir la devolución de los territorios ancestrales y el respeto por sus derechos colectivos.

Por eso, en un periodo en que el indígena era visto como un salvaje que debía civilizarse, Quintín Lame fue perseguido durante años por su pensamiento y su lucha, con lo cual “hasta 1939 estuvo preso 108 veces en el Tolima y más de 200 veces en cárceles de todo el país”.[13] Luego de su liberación en 1921, tras cuatro años de estar preso y de haberse defendido a sí mismo, fundó el pueblo de San José de Indias al sur del Tolima. Y vale la pena subrayar que su conocimiento en leyes y la exhaustiva revisión de documentos de la Colonia acerca de las propiedades en el Cauca, le permitieron hacer una amplia defensa de los Resguardos Indígenas que buscaban la autonomía. Y esto, en el marco de una lucha más general que reivindicaba la conformación de una "República de Indios", según sus propias palabras, la que se conformaría con las tierras recuperadas que entonces volvían a manos de aquellos a quienes realmente les pertenecían.


“Así nacerá mañana un concierto de indígenas, de esos descendientes legítimos de nuestra tierra Guananí, descendientes de esas tribus odiadas, perseguidas por el hombre no indígena; pero la Ley de la Compensación existe, Señores, porque ella misma es la justicia vengadora”[14]


Siguiendo entonces las tesis de Mónica Espinosa Arango, podemos considerar que el movimiento del “Lamismo” recorre tres etapas históricas diferentes. La primera va de 1922 a 1930, y es aquella en la que Quintín Lame estableció ciertas alianzas con el movimiento agrario y con el Partido Socialista a escala nacional. La segunda etapa incluye desde 1931 hasta 1939, y es el periodo en el que hubo varias divisiones internas, quedando por un lado los indígenas comunistas y socialistas asociados al Partido Comunista, y por el otro lado los indígenas 'Lamistas', quienes lograron la recuperación del Gran Resguardo de Ortega Chaparral y la aplicación de la Ley 89 de 1890 o Fuero Especial Indígena, que declaraba las tierras de los resguardos como inalienables. Finalmente, la tercera etapa estará marcada por el predominio de una profunda religiosidad, la que abarca desde 1940 hasta la fecha de su muerte en 1967. Además, este último periodo coincidió con el de la violencia bipartidista en Colombia (1945-1965), periodo en el que una gran cantidad de indígenas del sur del Tolima fueron asesinados, tan sólo por no haber sido parte de ninguno de los dos partidos entonces hegemónicos, los Liberales o los Conservadores.[15]

Posteriormente, el proceso de resistencia indígena en el Cauca fue emprendido por Álvaro Ulcué Chocué, el primer sacerdote Nasa (Nasa Pal) en 1973, quien entre muchas otras actividades rebeldes y de resistencia, realizaba por ejemplo las misas en Nasa yuwe, mientras promovía la organización social al margen de las militancias partidistas, y rechazaba también el despojo, impulsando de distintas formas la autonomía, la cultura y la dignidad de los indígenas. Así, Ulcué Chocué convocó en 1980 a 800 indígenas de los Resguardos de San Francisco, Tacueyó y Toribio, para construir de forma asamblearia el Proyecto Básico de la comunidad Nasa, proyecto que en la actualidad continúa vigente en todo el norte del Cauca. Posteriormente fue perseguido por terratenientes y militares, logrando escapar a sendos atentados, aunque desafortunadamente terminó siendo asesinado en el año de 1984.

Frente a este asesinato, en una nota de prensa realizada cuatro días después y titulada “Un mal que no tiene cura”,[16]el reportero narra las múltiples manifestaciones de indignación que se dieron en Santander de Quilichao, y en las que los participantes aseguraban que el crimen había sido perpetrado por agentes del extinto F-2[17], reseñando además que el día anterior a la muerte del sacerdote “Más de mil soldados dirigidos por el alcalde de Caloto, Édgar Fajardo, y por el dueño de la tierra, Salomón Vélez, arremetieron contra unas doscientas familias indígenas que habían armado allí sus ranchos, les quemaron los ranchos, arrasaron con buldozer los sembrados, y convirtieron la hacienda en una base militar”.

Pero mucho más importante que estas manifestaciones inmediatas de indignación, es el hecho de que también como respuesta a este asesinato va a crearse el Movimiento Armado Quintín Lame, una guerrilla indígena que hace su aparición el 5 de enero de 1985 en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, con el propósito radical y explícito de recuperar sus territorios. No obstante, tras la desmovilización pactada con el gobierno en el año de 1991, este Movimiento continuó su trabajo por la vía pacífica y por la defensa de la vida. Más adelante, incluso su delegado Alfonso Peña Chepe participó en la Asamblea Constituyente, junto a Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, otros dos constituyentes elegidos por votación popular, para entre todos introducir la agenda de derechos colectivos para los pueblos indígenas, los que quedarían plasmados en la Constitución Política, promulgada ese mismo año, y conocida por reivindicar el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia. Sin embargo, y como suele suceder con la vana palabra de los gobiernos burgueses de las clases dominantes, es claro que veintiséis años después de promulgada esa agenda, constituida incluso en letra constitucional, la situación actual de las comunidades indígenas hace manifiesta la gran contradicción que existe entre lo que quedó escrito en la Carta Magna y la realidad que viven día a día los pueblos indios colombianos en sus propios territorios.

Tratando entonces de hacer un balance más global de las historias de lucha y resistencia de los pueblos indígenas en Colombia, pensamos que es posible postular que esas historias han gravitado hasta hoy en torno a dos grandes posturas generales: una de larga data, que a través de luchas y resistencias más radicales, ha tenido siempre como horizonte de sentido la conquista y reivindicación de la verdadera autonomía global integral de los pueblos indios, tomando distancia de las izquierdas oficiales y domesticadas, y también de los procesos electorales, desde un posicionamiento crítico que en cambio le otorga una mucho mayor importancia a las decisiones colectivas construidas desde las asambleas, postura que con altas y bajas, tiende a asumir un claro sentido anticapitalista y antisistémico, lo que parece ejemplificarse en el pasado reciente con el caso de algunos de los pueblos del norte del Cauca, los cuales han recuperado sus raíces ancestrales, al retomar las enseñanzas anteriormente mencionadas.

En cambio, y en el otro extremo, la segunda postura es la que considera viable la afirmación comunitaria y el fortalecimiento de sus mandatos a través de la participación en la lucha por la conquista de garantías institucionales y los procesos de diálogo y negociación con las instancias oficiales y gubernamentales, junto al involucramiento en las estructuras y ámbitos político-electorales. Una postura que, a pesar de la cruda y tenaz realidad, insiste en seguir alimentando falsas ilusiones sobre las posibilidades reales de las desgastadas y decadentes instituciones y vías políticas oficiales hoy todavía dominantes.

El ejemplo de la lucha histórica de los pueblos indígenas del Cauca.


Si analizamos más de cerca el caso particular de las luchas de los pueblos indígenas del Cauca, veremos como en su seno se afirman, en los diferentes momentos históricos de su desarrollo, las dos posturas principales que ya hemos mencionado. Y así, junto a movimientos, sectores y acciones que encarnan un claro y profundo potencial anticapitalista y antisistémico, conviven también y aparecen otros sectores y líderes que optan por acomodarse al juego político dominante, para obtener algunos beneficios inmediatos o personales derivados de este acomodamiento.

Si analizamos entonces la historia reciente de los movimientos indios del Cauca, la historia posterior a 1968, podemos identificar cuatro posibles etapas de evolución, en las cuales el trazo general dominante es el de la progresiva afirmación de la identidad de lo indio como distinta a la identidad de lo puramente campesino. Pues si bien los indios son en general y casi siempre también campesinos, son además campesinos que poseen una enorme singularidad, derivada de su especial vínculo con la tierra, a la que conciben como Madre-Tierra, y derivada también de su particular cosmovisión del mundo y de la realidad en general.

Entonces, la primera etapa reconocible, que en realidad abarca algunos años anteriores a 1968, y que los indígenas del Cauca han denominado la etapa de la Resistencia, es la que culmina en 1971 con la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)[18], el que reivindicando explícitamente el legado de La Gaitana, de Juan Tama y de Manuel Quintín Lame, agrupa actualmente a más del 90% de las comunidades indígenas del Cauca, con 84 Resguardos de ocho pueblos: Nasa – Paéz, Guambiano, Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos. Y vale la pena señalar que desde esa recuperación de las herencias de las luchas indígenas colombianas anteriores, el CRIC hace remontar esta etapa de la Resistencia al propio momento de la Conquista, al siglo XVI cronológico.

Una segunda etapa, que ha sido llamada la de la lucha por Tierra y Cultura, se despliega entre 1970 y 1980, y gravita en torno a la recuperación directa de las tierras, constituyendo el primer intento masivo de esta práctica en toda América Latina, intento que al grito de lucha “Tierra para la gente”, logró articular a los indígenas con los campesinos, es decir a los dos principales grupos de la población que han sido despojados históricamente de la tierra y de sus territorios. Y esto es más relevante en el caso colombiano, si consideramos que para el sociólogo Orlando Fals Borda[19] la etapa originaria de acumulación del capital en Colombia no se originó en el crédito o la inversión extranjera, sino en la explotación del trabajo de la tierra, efectuado por los terratenientes desde la Colonia con los latifundios y bajo las figuras de la hacienda y el terraje.

Los años 70 fueron muy importantes en el afianzamiento del movimiento indígena en Colombia, y en la lucha por la recuperación de sus territorios. En el caso del pueblo Zenú, ubicados al norte del país, en los departamentos de Córdoba y Sucre, iniciaron su proceso de recuperación territorial e identitaria por medio del apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)[20]. Siguiendo estos lineamientos en 1971 se creó el CRIC, bajo los principios de: Identidad, Autonomía, Cultura y Territorio, lo que marcó una distancia con la ANUC a la cual pertenecían, dando paso así a formar otras iniciativas indígenas en el país.

El proceso de la recuperación masiva de tierras, una forma de acción directa que en sí misma encierra un enorme potencial anticapitalista y antisistémico, estructuró una lucha conjunta de campesinos e indígenas, los que en 1971 dieron paso al mayor número de invasiones de tierras para ser recuperadas, en toda la historia del país. Esa movilización se produjo en 13 departamentos y en ella participaron más de 16,000 familias, ubicando sus centros principales en tres regiones: la Costa Atlántica, Huila, Tolima y los llanos orientales, y en el Cauca, en donde los indígenas tuvieron que enfrentarse a los terratenientes que usurpaban los territorios de sus Resguardos (véase la Fotografía número 1).

Luego de esas múltiples y masivas tomas de tierras, la ANUC exigió al gobierno que las tierras recuperadas fueran declaradas como tierras de utilidad pública, exigiendo también dar mayor participación a la Asociación en los programas de reforma agraria, y que fueran sus filiales locales las que decidieran acerca de la forma de explotación de la tierra.[21]

Fotografía: Jorge Silva. Recuperación de tierras. Hacienda Cobaló, Cauca, 1974

A pesar de las contradicciones internas de los movimientos indios colombianos, a finales de los años 70 un grupo de indígenas disidentes de los pueblos Pastos de Nariño, los Guambianos del Cauca, y otros más de las regiones de Putumayo y Caquetá, fundaron la organización de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), denominada a partir de 1987 como Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), constituido también como movimiento político para participar en la Asamblea Constituyente en 1991, con una lista propia que alcanzó a lograr la incorporación de Lorenzo Muelas dentro del Parlamento. Después, en esa misma participación electoral encaminada al Congreso de la República, han sido electos Senadores como Floro Tunubalá, quien fue elegido en el año 2000 como el primer Gobernador Indígena en el país.

Otro partido creado en 1991 es la Alianza Social Indígena (ASI) (desde 2011 Alianza Social Independiente), que se consolidó a partir de una primera asamblea al sur del Tolima, en la comunidad indígena de Yaguará. En la actualidad esta organización, supuestamente de centroizquierda, ha sido duramente criticada al avalar las candidaturas de políticos no indígenas, como son los exalcaldes Sergio Fajardo y Antanas Mockus, perdiendo así su carácter identitario, e ilustrando la doble gravitación de los movimientos indígenas en torno de las dos posturas antes señaladas.

La tercera etapa, que ha sido caracterizada como la etapa de la lucha por la Autonomía, se afirma entre 1980 y el año 2000, y asumió como su grito de lucha principal el de “Gente para la tierra”, retomando los aportes del sacerdote Álvaro Ulcué Chocué, en la construcción de los Planes de Vida de las comunidades, los que todavía hasta hoy estructuran a la organización. En esta misma etapa nace la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en 1994, la que es también parte del CRIC. En ella se encuentran 19 Cabildos Indígenas de 8 municipios del norte del Cauca, más los siete Proyectos Comunitarios que hacen parte del Plan de Vida, junto a los cinco Tejidos de Vida que lo hacen posible. Cabe destacar que las Asambleas son fundamentales en la consolidación de todos estos proyectos, lo que reivindica las tradiciones de la democracia directa, profundamente anticapitalista, y ligada a ciertas tradiciones ancestrales, como las de la comunicación alrededor de la tulpa o el fuego, para la toma de decisiones colectivas importantes.

En 1982 se creó la Organización Nacional de Indígenas del Cauca (ONIC), por la defensa del gobierno propio, la libre determinación, el control territorial y la autonomía de los pueblos, principios todos que pueden asumirse en una lógica anticapitalista, aunque también pueden ser deformados y banalizados desde la lógica dominante acomodaticia y claramente burguesa, y que son principios que fueron promulgados en ese momento en la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor y el Derecho Propio. Posteriormente, en el 2013, la ONIC a través de un mandato surgido del Séptimo Congreso Nacional Indígena crea el MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social)[22], un partido político que congrega a los pueblos indígenas junto a otros procesos sociales, y que en 2015 se alió con el Movimiento 'Progresistas', pues este último no contaba con el aval jurídico. Lo que nuevamente hace evidente esa oscilación entre posturas mas anticapitalistas, y posturas procapitalistas y reformistas, en el seno mismo de los movimientos indígenas colombianos actuales.

Finalmente, podríamos hablar de una cuarta etapa que inició en el año 2000 y que implicó un claro retroceso a partir del año 2008, etapa que ha sido nombrada como la de la Alternativa, y que estaría caracterizada por un nuevo ataque y asedio de parte de los actores que tradicionalmente han sido enemigos de los indios del Cauca, y a los que ellos han tenido que enfrentarse permanentemente en la defensa de su autonomía, su cultura, y su territorio, actores a los que ahora se agregan también las transnacionales, comprometidas en los procesos de despojo y de privatización salvaje de los recursos naturales y del neoextractivismo, políticas siempre favorecidas por los distintos gobiernos colombianos de turno.


La situación actual: entre la Cooptación y la verdadera Autonomía.


La participación de los indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, marcó un verdadero parteaguas en la historia del movimiento indígena colombiano, pues si de un lado garantizó ciertos derechos, como el de la descentralización de los recursos y su acceso directo por parte de las comunidades, o en materia de participación política, la posibilidad asegurada de la existencia de una pequeña representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la República, garantizada por los artículos 171 y 176, de otra parte ha hecho que se polarice y complejice la dinámica interna de los pueblos y de los movimientos, al abrir la puerta a las posibles cooptaciones de algunos líderes, resultado del desmembramiento organizativo del tejido social.

Entonces, si es verdad que ciertos derechos, como la consulta previa, libre e informada antes de concesionar territorios a los megaproyectos de las transnacionales, o la protección jurídica de los territorios, o la protección de los derechos colectivos, o el derecho a la libre determinación, y a la diversidad cultural entre muchos otros, fueron ya conquistados formalmente e incluso reconocidos oficialmente en el texto de la Constitución, sin embargo y en la realidad, parecen ser poco más que letra muerta, desde la cotidiana y evidente violación de los mismos por parte del entero conjunto de las diversas instancias estatales.

De tal suerte que, ante los reiterados incumplimientos gubernamentales y frente a la crisis estructural vigente en el país, no han sido pocas las iniciativas adelantadas por los movimientos sociales para cimentar proyectos por la defensa de la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos. Una de ellas fue La Visita por el País que Queremos, organizada en el año de 2007 e impulsada precisamente por los indígenas del norte del Cauca, cuyo propósito fue tejer la jigra (mochila) de la unidad, conjuntando las propuestas de diversas organizaciones sociales y populares a nivel nacional, pero también entablando un diálogo múltiple y abierto para conocer las realidades de otras geografías, y desde todo esto poder definir una propuesta política que desembocó en una iniciativa original, innovadora y realmente fundamental, la iniciativa de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.

Durante esa Minga, cinco puntos esenciales articularon todo su despliegue por el territorio entero de Colombia y su trabajo en torno a la mencionada propuesta política de unidad. Primero, el de entender que el problema central está determinado por el tipo de modelo económico existente, neoliberal y capitalista. Segundo, el de aclarar y difundir ampliamente la certidumbre de que el terror y la guerra no son solo terribles tragedias del pueblo colombiano, sino también claros y conscientes instrumentos del despojo capitalista sistemático y planeado. Tercero, hacer evidente la legitimación jurídica de ese despojo, plasmada en la legislación vigente actual, y plantear la urgente necesidad de reemplazarla por una legislación construida en defensa de los pueblos. Cuarto, el insistir en que los derechos de los pueblos deben de ser respetados, acatados y cumplidos por parte de los Estados, en todas sus instancias posibles. Y quinto, que se debe tejer una mochila de unidad e identidad con los pueblos, a partir de construir una agenda desde abajo, destacando la idea de que cada uno por su parte y aislado, es decir “solos no podemos”, y retomando el Mandato Indígena y Popular[23], en cuya agenda de trabajo se convocaba entre otros puntos a la movilización en contra de las Reformas Constitucionales, del TLC firmado con Estados Unidos, y del ALCA.

Y pensamos que la Minga de 2007 en adelante despertó y reactivó dentro de Colombia un potencial anticapitalista y antisistémico muy importante, provocando iniciativas más vastas de organización, y abriendo reflexiones y caminos políticos posibles cuyos efectos están todavía en curso. Así, y con la efervescencia de la esperanza que significó la Minga, múltiples sectores populares la asumieron y reprodujeron en sus propios espacios, impulsando por ejemplo en 2010 la creación del Congreso de los Pueblos[24] y proponiendo un Mandato de Mandatos bajo el lema de “La soberanía es popular, los territorios son de los pueblos, la Madre Tierra es de quien la cuida”, además de enarbolar explícitamente el principio de 'Mandar Obedeciendo' y orientar su acción y su práctica desde siete Mandatos, que eran Tierra, Territorios y Soberanía; Economía para el Buen Vivir; Poder para el Buen Vivir; Cultura, Identidad y Ética Común; Vida, Justicia y Paz; Derechos Humanos y acuerdos incumplidos; e Integración de Pueblos y Luchas. Desde este perfil, y en la búsqueda de unirse con los otros sectores, y clases, y movimientos populares, la Minga ha aunado esfuerzos con la Coordinadora Minero-Energética, con la Mesa Social para la Paz, con el Alba de los Movimientos Sociales y con la Cumbre Agraria.

Esta última, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular[25] nació a partir de los Paros Nacionales Campesinos e Indígenas del año de 2013 en adelante, conocidos como la “Rebelión de las Ruanas, los Ponchos y los Bastones”. Y su fuerza fue tan grande, y el consenso nacional que desató fue tan amplio, que en dicha Cumbre confluyeron la Mesa de Interlocución Agraria, MIA, el movimiento de Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario o CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras, PCN, la Mesa de Unidad Agraria, MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia o COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular, MCP, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria o FENSUAGRO, la Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC y la Asociación Campesina Popular. Y dicha Cumbre, a pesar de estar constituida por un tan amplio y variado espectro de organizaciones y movimientos, logró sin problema definir de manera unánime las formas de negociación y los pliegos petitorios a plantear frente a las políticas agrarias neoliberales implementadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.

En tres iniciativas importantes, algunas ya mencionadas, participan las comunidades indígenas de manera relevante, en la misma lucha por el objetivo de buscar la articulación popular de los movimientos sociales a nivel nacional, y esas iniciativas son las de la Gran Coalición Democrática, la de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC) “Por la Paz, con Justicia y Dignidad”, y la del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica (MAPA)[26], ésta última apoyando, entre otras, las luchas de campesinos, afro-descendientes e indígenas.

Frente a estas múltiples iniciativas nacionales de coordinación y articulación más global de las diferentes resistencias mencionadas, continúa el ataque y la represión en contra de los movimientos sociales por parte del Estado y de las clases dominantes de Colombia. Por eso los indígenas del Cauca han identificado cuatro estrategias principales de lo que ellos llaman el Plan de Muerte implementado por el sistema capitalista, que incluyen, primero, la estrategia del uso del Terror y de la Guerra como mecanismo de despojo y de destrucción de las comunidades indias, segundo, los intentos a veces fallidos y a veces exitosos de cooptación de los líderes para dividir y desestabilizar a las organizaciones en lucha, tercero, la implementación de leyes ad hoc para legitimar jurídicamente el despojo y la entrega de los recursos a las trasnacionales, y cuarto, la propaganda ideológica de las Iglesias, del Estado y de los medios masivos de comunicación para estigmatizar y deslegitimar a los movimientos sociales de protesta.

También, otro de los embates que ha sufrido el movimiento indígena del norte del Cauca, para desmantelar sus procesos de autonomía y de defensa de una ética global, se da a través del dinero, bajo la falsa idea de desarrollo que promueven las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), y que en realidad sólo es un modo de vincular a las economías locales a proyectos productivos que en el fondo sólo benefician a las transnacionales.

Otros ataques más que cabe mencionar, se han dado, el primero a través de la religión evangélica, específicamente a partir de Asonasa, y el segundo desde la actividad de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) en el Cauca, ésta última creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para avalar su política de seguridad democrática y para acusar a los indígenas no pertenecientes a esta agrupación de tener vínculos con la guerrilla de las FARC, para así infiltrar los diferentes procesos, al mismo tiempo en que se simula y aparenta un determinado apoyo gubernamental a los indígenas. Por eso la OPIC representa un paradójico 'indigenismo de derecha', con acciones como la realizada en 2012, cuando salieron a marchar para defender la presencia de la fuerza pública en el territorio y para difamar a la Guardia Indígena.

Pero más allá de estos ataques, la resistencia histórica y la lucha por el territorio, por la defensa de todas las formas de vida y por la autonomía sigue tenazmente presente. Por eso, desde diciembre de 2014, los indígenas en el Cauca desarrollan el proyecto de la “Liberación de la Madre Tierra” (Umakiwe) y el Buen Vivir (wëtwëtfxi'zenxi) en cuatro haciendas, dos de ellas propiedad de Carlos Ardila Lülle[27], en donde funciona el ingenio azucarero Incauca para la producción de biocombustiles. Hasta hoy, los indígenas se niegan a abandonar los predios, puesto que bajo el decreto 982 de 1999 se restituirían las tierras que les pertenecen.


Para los pueblos indígenas, la Madre Tierra es sagrada, porque gracias a su bondad, surge y se desarrolla la vida. Sin ella, no son posibles nuestro pasado, presente y futuro. Defender y proteger la Madre Tierra es defender la vida y proteger nuestros territorios, así como las relaciones armoniosas que establecemos en ellos[28].


Algunas cifras explican que del total de la tierra en Colombia, el 0.4% de los propietarios es dueño del 41.1% de la tierra, mientras que 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206,000 hectáreas en total, están pobladas por unas 24,200 familias, las que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son de baja productividad. Así, hay familias que tienen apenas una hectárea, cuando el promedio debería ser de 13 como mínimo. Además 250,000 hectáreas de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible, utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región[29].

Estas cifras hacen evidentes los múltiples incumplimientos de los diferentes gobiernos en materia de tierras, como el que se suscitó tras la masacre ocurrida en 1991 en la hacienda el Nilo, zona rural de Caloto-Cauca, cuando fueron asesinados 21 indígenas por parte de policías, hecho que generó una sentencia internacional y el pronunciamiento del hasta ese entonces presidente, César Gaviria, quien se comprometió a entregarles 15,663 hectáreas de tierra.

Por este motivo, en el 2005 deciden liberar a la Madre Tierra, en un inicio con la ocupación de la Hacienda La Emperatriz, y posteriormente y junto con miles de campesinos, mediante la toma de 15 haciendas más. Frente a lo cual, el gobierno decidió suscribir un nuevo acuerdo, en el que se ratificaba el pacto del 91, y se le sumaban 8,000 hectáreas para el 2006, compromisos que sin embargo siguieron siendo incumplidos.

Mas recientemente, en los terrenos en los que se desarrolla la liberación de la Madre Tierra desde 2014, los indígenas han sembrado de forma autogestionada, reinvindicando su carácter antisistémico y anticapitalista, para preservar la soberanía alimentaria y la desmercantilización de la Madre Tierra, frente a la venta y compra de tierras que han hecho los terratenientes y los paramilitares, en tanto promotores del más voraz despojo, realizado en territorios sagrados a favor del agronegocio. Además, el Estado también ha sido partícipe no sólo del despojo, sino también de las fumigaciones con glifosato, para arruinar las cosechas, además de apoyar y realizar múltiples agresiones y muertes en contra de los comuneros, mediante las operaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la acción de agentes privados.

Como respuesta a estas agresiones, el movimiento indio más radical y anticapitalista del Cauca. ha tratado de hacer alianza con otras comunidades, tanto afrodescendientes como campesinas, para impulsar una verdadera Reforma Agraria que sea asumida como uno más de sus Mandatos vigentes y centrales.

Y todo eso, para continuar infatigablemente con su tenaz y larga lucha, en pos de liberar completamente a la Madre Tierra de la insaciable rapiña capitalista, y de recuperarla como sujetos colectivos, en la búsqueda de la verdadera soberanía de la vida y de la conquista de la autonomía global integral, que les permita, como dicen ellos mismo, seguir 'tejiéndose junto al territorio'.


[1] Según la Organización de Derechos Humanos Somos Defensores, de los ochenta líderes asesinados, quince pertenecían a pueblos indígenas. [2] Para el investigador Jon Landaburu las sesenta y cinco lenguas indígenas que subsisten hoy se pueden reagrupar en 12 familias lingüísticas y 10 lenguas aisladas, no clasificadas hasta el momento. De manera tal que se encuentra la gran familia lingüística Chibcha, de probable procedencia centroamericana; las grandes familias suramericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí y siete familias solamente presentes en el ámbito regional, que son Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, y Tucano. Las diez lenguas aisladas son: andoque, awá- cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua, yaruro. [3] Los nasa son aproximadamente 110.000 en el norte del Cauca y cerca de 250.000 en el conjunto del país. La mayoría habitan en su territorio, en el departamento del Cauca. Otras comunidades nativas se encuentran en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Huila. Además existen comunidades de migrantes en la Amazonia (Caquetá y Putumayo) y el Meta, como resultado de desplazamientos forzados por la violencia, especialmente entre 1946 y 1958, así como en los últimos treinta años. Los embera tienen un patrón disperso de asentamiento que los ubica en diferentes departamentos del territorio colombiano y en asentamientos en Panamá y Ecuador. En su mayoría los Emberá Katío se ubican en el noroccidente del departamento de Antioquia y en los departamentos del Chocó, sobre la carretera Quibdo-Medellín, y Córdoba, sobre los ríos Sinú, Esmeralda y río Verde. También se encuentran en los departamentos de Caldas, Risaralda, Valle y Putumayo, entre otros. Parte de su territorio ancestral coincide con el Parque Nacional Natural de Paramillo, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Los cuatro pueblos embera (katío, chamí, dóbida y eperarasiapidara) conservan en la actualidad algunos de los rasgos que compartieron en tiempos prehispánicos y que les atribuyen características culturales semejantes y una fuerte base de identidad étnica común, como la lengua, tradición oral, cosmovisión, organización social y una nueva organización política a través de las organizaciones regionales. El Pueblo Senú se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Antioqueño. Hay numerosos asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita en el resguardo de San Andrés de Sotavento. En el municipio de Tolú Viejo, departamento de Sucre, en el Alto San Jorge, departamento de Córdoba existen comunidades que están en proceso de reconstrucción, las cuales si bien no mantienen continuidad territorial, se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento. Información tomada de: http://observatorioadpi.org (12/07/2017). [4] Los 32 pueblos que la ONIC identifica con una población inferior a las 500 personas son los siguientes: Yamatero, Makaguaje, Pisamira, Tsiripu, Eduria, Piaroa, Wipijiwi, Muinane, Yaruro, Dujos, Judpa, Yauna, Bara, Ocaina, Yohop, Amorua, Chiricoa, Nonuya, Kawiyari, Carabayo (Yuri), Matapi, Kacua, Achagua, Carijona, Tatuyo, Tariano, Yagua, Masiguare, Nukak Maku, Guayavero, Carapana y Bora. Entre todos éstos, sólo el pueblo Nukak Maku se incluye en el Auto 004 de la Corte Constitucional. Fuente http://observatorioadpi.org/pueblos_en_riesgo consultado el 20/06/2017. [5] El Banco Mundial tiene 280 proyectos en Colombia, de los cuales al 04 de julio de 2017 se encuentran cerrados 244, abandonados 11, propuestos 5 y activos 20, entre ellos “Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative” y Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon”. Otros proyectosactivos son: Plan PAZcifico: Water Supply and Basic Sanitation Infrastructure and Service Delivery Project y Collective Victims Reparation. [6] Véase: http://projects.bancomundial.org/P144271?lang=es. [7] Renán Vega Cantor, "Colombia y geopolítica hoy", Revista Ágora, U.S.B., Vol. 12/2, 2012, p. 369. [8]Los kankuamo eran considerados por diversos investigadores como un pueblo aculturado y mestizo. Sin embargo, en 1993 se conforman como comunidad indígena, luego de que la Constitución de 1991 previera la creación de entidades territoriales indígenas, cobijadas por la misma autoridad indígena en los territorios que puedan pertenecer a diferentes comunidades. También en 1991 surge un cabildo indígena muisca, de carácter urbano en Suba, al norte de Bogotá. Consultado el 28 de junio de 2017, en http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/306.08998G877p.pdf. [9] Esther Sánchez Botero, Los Pueblos Indígenas en Colombia: derechos, políticas y desafíos, Ed. Unicef, Oficina de Área para Colombia y Venezuela, Bogotá, p. 34. [10] Información tomada de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hicol/hico3.htm [11] Afirma Matallana que mientras que la tradición española recuerda a La Gaitana por medio de un nombre en quechua- waqtana- que la vincula directamente con el arma que pudo haber empuñado contra los ibéricos, la tradición indígena parece privilegiar la memoria que la inmortaliza como guardiana- waqtaqpay o (Guatepán)-original del territorio. [12] Susana E. Matallana Peláez, «Desvelando a la Gaitana», en La manzana de la discordia, núm 1, enero-junio de 2012, pp. 7-21. [13] Gonzalo Castillo Cárdenas, "Manuel Quintín Lame: luchador e intelectual indígena del siglo XX", en Lame, Manuel Quintín: En defensa de mi raza, Ed. Comité de defensa del indio y Rosca de investigación y acción social, Bogotá, 1971. [14] Manuel Quintín Lame, Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas, Ed. Universidad del Cauca y Universidad del Valle, Cali, 2004, p,155. [15] Mónica Espinosa Arango, "De la historia arranca mi derecho. Manuel Quintín Lame, el pensamiento indígena y la historia", en Revista Disonante, vol. 1, fascículo 1, 2005, p. 86. [16] Revista Semana, 17/12/1984. Un mal que no tiene cura, en http://www.semana.com/nacion/articulo/un-mal-que-no-tiene-cura/6017-3. [17] El F-2 fue una estructura que se encontraba al interior de la Policía Nacional y se encargaba de las funciones de Policía Judicial e Inteligencia, y a la que el juzgado 56 de instrucción criminal encontró culpable de la desaparición de 12 estudiantes de las Universidades Distrital y Nacional entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre de 1982. [18] La plataforma de lucha del CRIC consta de diez puntos: 1. Recuperar la tierra de los Resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas. 2. Ampliar los Resguardos. 3. Fortalecer los Cabildos Indígenas. 4. No pagar terraje. 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 7. Formar Profesores Indígenas.8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias. 9. Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y 10. Defensa de la Familia. [19] Véase Orlando Fals Borda, Hacia el socialismo raizal y otros escritos, Ed. Desde Abajo, Bogotá, 2007. [20] Darío Mejía Montalvo, y A. Carolina Borda Niño, "Participación política y pobreza de las comunidades indígenas de Colombia. El caso de los pueblos Zenú y Mokaná", en Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios, Ed CLACSO, Buenos Aires, 2006. [21] Cristina Escoba y Francisco Roux, Los movimientos populares en América Latina, Ed. Siglo XXI Editores, México, 2005, p. 158. [22] Por medio de un Comunicado, en diciembre de 2016, el CRIC rechazó la decisión tomada por el Senador de MAIS, Luis Evelis Andrade Casama, al favorecer con su voto la Reforma Tributaria, que afectaría a los sectores más empobrecidos con el aumento del IVA del 16% al 19%, y con mayores impuestos a diversos productos. Ver Comunicado en el sitio: http://www.cric-colombia.org/portal/posicion-politica-contra-la-reforma-tributaria/. [23] Para consultar el Mandato Indígena y Popular, véase: http://anterior.nasaacin.org/index.php/mandato-indigena-y-popular. [24]Desde el surgimiento del Congreso de los Pueblos, campesinos, indígenas y estudiantes han sido perseguidos políticamente, siendo detenidos y judicializados por las movilizaciones que han desarrollado, y siendo acusados de estar vinculados a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). [25]Declaración Política Fundacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular: http://www.cumbreagraria.org/declaracion-politica-de-la-cumbre-agraria-campesina-etnica-y-popular/. [26] Entre 2012 y 2017 han sido asesinados más de 140 militantes de Marcha Patriótica, siendo Caloto Cauca uno de los municipios en donde se ha registrado mayor violencia en contra de este movimiento. Actores armados la han catalogado como el brazo político de las FARC. Estos episodios remiten a los años 80, cuando se perpetró el genocidio en contra de más de 5,000 integrantes de la Unión Patriótica. [27] Es uno de los empresarios más poderosos del país, nacido en Medellín, fundador, gestor y presidente de la Organización Ardila Lülle que conglomera grandes empresas colombianas tales como: RCN Televisión, RCN Radio, la marca de bebidas gaseosas Postobón, el polo Agroindustrial Azucarero Incauca - Providencia - Risaralda, las industrias plásticas y de envases de vidrio Iberplast y Peldar, el concesionario automotor Los Coches y el equipo profesional de fútbol Club Atlético Nacional de Medellín, entre otras empresas. [28]ONIC. (2013),Mandato Político General del VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC. Bogotá: Gente Nueva. [29]Zibechi, Raúl. Liberando de la Madre Tierra en el norte del Cauca. 23 de 05 de 2017. https://liberaciondelamadretierra.org/liberando-de-la-madre-tierra-en-el-norte-del-cauca/


Autora


*Malely Linares Sánchez: Es Doctora en Estudios Latinoamericanos, periodista, fotógrafa y Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es Especialista en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y actualmente se desempeña como docente-investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus principales temas y líneas de investigación son: los movimientos sociales en América Latina; procesos de paz como construcción social, la cultura en la formación de identidades y la comunicación feminista.

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