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Luchadores sociales y defensores de derechos humanos bajo la amenaza del ejército


Chilpancingo, Guerrero, a 17 de octubre de 2022


La Estrategia de Contrainsurgencia no sólo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño, como lo hacen algunas y algunos defensores de Derechos Humanos, periodistas y luchadores sociales, tal es el caso de los compañeros Vidulfo Rosales Sierra, Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz. Los tres primeros integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el último líder del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Lo anterior queda demostrado con una reciente publicación en el diario, La Silla Rota, en su nota “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones». Ahí afirman que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) describe la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y una está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.

En la nota, se hace referencia a los documentos, obtenidos a partir del hackeo, en donde la SEDENA afirma que Vidulfo Rosales «forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP)» sic. que según el ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.

La información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental.

La defensa que Vidulfo Rosales Sierra llevó a cabo fue con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) Organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas.

Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación, su labor es importante, por ello les pedimos que no reproduzcan irresponsablemente información que el ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales.

Con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha por lo que el ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra.

Tenemos la firme convicción que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando nuestra lucha.

La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados.

El acuerdo de las fuerzas armadas con el Presidente de la República les asegura inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa. Delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas.

Por todo lo anterior, exigimos cese el hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Téliz García, que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército mexicano por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales.


Tomado en Tlachinollan

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